La Corte de Apelaciones de Arica conoció un reclamo contra el Servicio Nacional de Migr…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Arica conoció un reclamo contra el Servicio Nacional de Migraciones, que había negado a la recurrente la residencia definitiva y ordenado su abandono del país, fundado en antecedentes penales pendientes en el extranjero. La Corte rechazó el reclamo por estimar que el recurso del artículo 141 de la Ley N° 21.325 sólo procede cuando se decreta una medida de expulsión, lo que no ocurría en este caso. Además, consideró ajustada a derecho la resolución impugnada, dado que el artículo 33 N° 1 de la misma ley permite impedir la residencia a extranjeros con procesos judiciales pendientes por simples delitos, y la propia recurrente reconoció estar declarada rebelde en una causa penal en su país de origen. En consecuencia, se rechazó el reclamo y se dejó sin efecto la suspensión decretada.
¿Procede el recurso del artículo 141 de la Ley N° 21.325 contra una resolución que niega la residencia definitiva y ordena el abandono del país?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Arica estimó que ese recurso sólo procede cuando se decreta una medida de expulsión, por lo que no era aplicable frente a una negativa de residencia definitiva con orden de abandono. Por ello rechazó el reclamo.
¿Se puede negar la residencia definitiva a un extranjero que tiene procesos penales pendientes en el extranjero según la Ley N° 21.325?
En este caso, la Corte consideró ajustada a derecho la negativa porque el artículo 33 N° 1 de la Ley N° 21.325 permite impedir la residencia a extranjeros con procesos judiciales pendientes por simples delitos. La propia recurrente reconoció estar declarada rebelde en una causa penal en su país de origen.
¿Qué resolvió la Corte de Apelaciones de Arica en un reclamo contra el Servicio Nacional de Migraciones por negativa de residencia definitiva?
La Corte rechazó el reclamo contra el Servicio Nacional de Migraciones y dejó sin efecto la suspensión decretada. Sostuvo que la resolución impugnada era ajustada a derecho por los antecedentes penales pendientes de la recurrente.
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