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El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2023

Resumen

El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra la parte final del inciso primero del artículo 196 ter de la Ley de Tránsito, que exige el cumplimiento efectivo de un año de pena privativa de libertad antes de acceder a penas sustitutivas en el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte. La discusión se centró en la posible vulneración de la igualdad ante la ley, la proporcionalidad y el debido proceso. El tribunal acogió el requerimiento, considerando que la conducción es una actividad de alto riesgo cuyo reproche es elevado, pero que la licencia de conducir no es un derecho fundamental. Precisó que la inaplicabilidad no crea un derecho a la pena alternativa, sino que devuelve al juez del fondo la facultad de determinar si corresponde el sistema alternativo o presidio efectivo, dejando sin aplicación la regla especial que restringe esa potestad.

Normas citadas

  • artículo 196 ter, inciso primero, de Ley N° 18.290
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoPrincipio de proporcionalidad de la PenaDelito de conducción en estado de ebriedadDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad Individual

Preguntas frecuentes

¿Puede el Tribunal Constitucional, vía inaplicabilidad, dejar sin efecto una restricción legal para penas sustitutivas en delitos de tránsito?

En este caso, el tribunal declaró inaplicable la parte final del inciso primero del artículo 196 ter, fundándose en la igualdad ante la ley, la proporcionalidad y el debido proceso. Precisó que esto no crea un derecho a la pena alternativa, sino que devuelve al juez del fondo la facultad de decidir entre sistema alternativo o presidio efectivo.

¿La licencia de conducir es un derecho fundamental que se vea afectado por una condena por conducir ebrio causando muerte?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la licencia de conducir no es un derecho fundamental. Esta consideración formó parte de su análisis sobre la proporcionalidad de la restricción legal impugnada.

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