Resumen del criterio jurisprudencial
La normativa permitirá a pacientes con diagnósticos terminales acceder a fármacos para finalizar su vida, bajo un estricto protocolo que incluye evaluaciones psicológicas, residencia acreditada y registros audiovisuales de la solicitud. La medida, programada para entrar en vigor en 2026, ha reactivado la discusión sobre la autonomía de la voluntad y las objeciones éticas planteadas por instituciones religiosas respecto a la protección de grupos vulnerables.