Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el oficio circular N° 332, de 2017 (DDU 371), de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que exige que los lotes resultantes de subdivisiones y urbanizaciones tengan acceso a un bien nacional de uso público. Tras revisar el artículo 68 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, reglamentado por el artículo 2.3.6 de la Ordenanza General, concluyó que dicha exigencia se ajusta a derecho. Según el organismo, la obligación busca asegurar de forma permanente la incorporación de los lotes a la red vial local, y no existen fundamentos para interpretar que la norma se refiera a terrenos de uso general de la comunidad. Asimismo, precisó que un dictamen previo no respaldaba la tesis del reclamante, pues en ese caso la vía contemplada en el instrumento de planificación cumplía con el requisito reglamentario. Por último, descartó la aplicación de los artículos 24 y 26 del DFL N° 850, de 1997, por corresponder a una norma distinta, referida a caminos públicos. En consecuencia, no formuló reproche contra el oficio.