Resumen
La Dirección del Trabajo se pronunció sobre dos cuestiones planteadas en relación con las corporaciones administradoras de salud municipal. Primero, concluyó que el gerente o el secretario general de una de estas entidades están facultados para ordenar la instrucción de sumarios, sin perjuicio de que esa facultad la ejerza también el Alcalde como presidente de la corporación. Segundo, determinó que el organismo carece de competencia para fiscalizar el cumplimiento de instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República a las municipalidades, incluidas las referidas al registro de decretos alcaldicios, pues esa fiscalización corresponde exclusivamente a la Contraloría. Lo fundamentó en que, conforme a la letra a) del inciso segundo del artículo 1º del D.F.L. N° 2, de 1967, su facultad fiscalizadora se limita al cumplimiento de la legislación laboral y previsional, en este caso la ley 19.378 y su reglamento, y que el hecho de que las instrucciones consideren información de las corporaciones no altera esa competencia.