Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte Suprema conoció de un recurso de protección interpuesto por Paulina Angélica Guerrero Covarrubias contra la Tesorería General de la República, en relación con la emisión, notificación y ejecución de resoluciones y actuaciones administrativas de cobro por deudas derivadas del financiamiento de estudios superiores bajo la Ley N°20.027. La recurrente impugnó el procedimiento ejecutivo seguido por la Tesorería, basado en los artículos 171 y 173 del Código Tributario. La Corte de Apelaciones había acogido el recurso, pero la Tesorería apeló. La Corte Suprema revocó la sentencia de alzada y rechazó el recurso de protección, señalando que la acción cautelar no es la vía adecuada para discutir la naturaleza jurídica del crédito ni la competencia del tribunal o el procedimiento aplicable. El fallo destacó que la acción de protección no constituye una instancia para declarar derechos que requieran debate propio de un procedimiento de lato conocimiento. En consecuencia, se determinó que la pretensión excedía la naturaleza cautelar de la acción constitucional.