Resumen del criterio jurisprudencial
El caso trata de una acción constitucional de amparo interpuesta por la Defensora Penal Pública en representación de seis imputados contra el Juzgado de Garantía de Rancagua, impugnando las resoluciones que decretaron prisión preventiva y fijaron un plazo de investigación de un año en la causa. Los amparados fueron detenidos el 9 de septiembre de 2026 durante el cumplimiento de una orden de entrada y registro en 188 domicilios sin órdenes de detención previas. La defensa alegó que la prisión preventiva era ilegal por falta de antecedentes concretos para presumir fundadamente la participación de cada imputado en una asociación criminal, y que el plazo de un año era arbitrario. También cuestionó la falta de fundamentación individualizada y el tiempo insuficiente para revisar la carpeta investigativa. La Corte concluyó que las resoluciones no infringieron normas constitucionales o legales, ya que fueron dictadas por juez competente con fundamentos vinculados a los antecedentes debatidos en audiencia. En particular, señaló que el plazo de investigación no determina la duración de la prisión preventiva, la cual puede ser revisada. Por tanto, rechazó la acción de amparo.