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Ambiental

La Superintendencia del Medio Ambiente sancionó a una sociedad comercializadora titular…

Resolución · Superintendencia del Medio Ambiente · 2024

Resumen

La Superintendencia del Medio Ambiente sancionó a una sociedad comercializadora titular de un bar en Valparaíso por exceso de ruido de música amplificada que afectaba a vecinos, infringiendo la normativa de emisión de ruidos. La resolución instruye que la sanción sea consignada en el Registro Público de Sanciones una vez firme, conforme a la LOSMA y su reglamento. Se dispone que el retardo en el pago de la multa devengue reajustes e intereses del Código Tributario, que las personas naturales que representen a la sociedad respondan subsidiariamente del pago, y que la sanción prescriba a los tres años desde que quede a firme, interrumpible por notificación del procedimiento de ejecución o formulación de cargos.

Normas citadas

  • Decreto Supremo N° 38
  • Ley N° 19.300
  • Ley N° 20.417
  • Ley N° 19.880
  • Decreto Supremo N° 70
  • Decreto Supremo N° 146
  • Decreto Supremo N° 31
  • Código Tributario

Preguntas frecuentes

¿Qué ocurre si una empresa que opera un bar sobrepasa los límites de ruido de la música amplificada y afecta a sus vecinos?

En este caso, la Superintendencia del Medio Ambiente sancionó a la sociedad comercializadora titular del bar en Valparaíso por exceso de ruido de música amplificada que afectaba a vecinos, infringiendo la normativa de emisión de ruidos.

¿Las sanciones de la Superintendencia del Medio Ambiente se publican en algún registro y qué pasa si la multa no se paga a tiempo?

En este caso, la resolución instruyó que la sanción se consigne en el Registro Público de Sanciones una vez firme, y que el retardo en el pago de la multa devengue reajustes e intereses del Código Tributario. Además, las personas naturales que representan a la sociedad responden subsidiariamente del pago.

¿En cuánto tiempo prescribe una sanción ambiental impuesta por la Superintendencia del Medio Ambiente?

En este caso, la sanción prescribe a los tres años desde que queda a firme, plazo que se interrumpe con la notificación del procedimiento de ejecución o con la formulación de cargos.

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