El Tribunal Tributario y Aduanero de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgin…
Sentencia · Tribunal Tributario y Aduanero · 2024
Resumen
El Tribunal Tributario y Aduanero de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins conoció un acta de denuncia notificada a la sociedad Ferretera Verdugo Limitada, por la comisión de la infracción tributaria del inciso segundo del artículo 97 N°4 del Código Tributario, consistente en el uso malicioso de facturas falsas para aumentar indebidamente el crédito fiscal. El tribunal acogió la denuncia, aplicó a la sociedad una multa de $25.900.804, con costas, y dispuso el cumplimiento administrativo de la sentencia por parte de la Directora Regional del Servicio de Impuestos Internos una vez ejecutoriada. La sentencia no fue objeto de recurso alguno.
Normas citadas
Código Tributario
Artículo 107 del Código Tributario
Decreto Ley N° 825
Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios
Código de Procedimiento Civil
Artículo 161 del Código Tributario
Artículo 97 del Código Tributario
Artículo 131 bis del Código Tributario
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si una empresa usa facturas falsas para aumentar el crédito fiscal del IVA en Chile?
En este caso, el Tribunal Tributario y Aduanero acogió la denuncia por el uso malicioso de facturas falsas para aumentar indebidamente el crédito fiscal, tipificado en el inciso segundo del artículo 97 N°4 del Código Tributario. Aplicó una multa a la sociedad, con costas, y dispuso que el Servicio de Impuestos Internos cumpliera la sentencia una vez ejecutoriada.
¿Qué infracción tributaria se configura por el uso malicioso de facturas falsas en Chile?
Según esta sentencia, el uso malicioso de facturas falsas para aumentar indebidamente el crédito fiscal constituye la infracción del inciso segundo del artículo 97 N°4 del Código Tributario. El tribunal la tuvo por cometida al acoger la denuncia notificada a la sociedad.
¿Qué ocurre tras una sentencia del Tribunal Tributario y Aduanero que condena por infracción tributaria?
En este caso, la sentencia no fue recurrida, y el tribunal dispuso que la Directora Regional del Servicio de Impuestos Internos la cumpliera administrativamente una vez ejecutoriada. La sociedad condenada quedó obligada al pago de la multa y de las costas.
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