Resumen del criterio jurisprudencial
Erika Solery Sánchez González, ciudadana venezolana, interpuso una reclamación bajo el artículo 141 de la Ley N°21.325 contra el Servicio Nacional de Migraciones, impugnando la Resolución Exenta N°300 de 02 de julio de 2026 que ordenó su expulsión y prohibición de ingreso por tres años. La reclamante ingresó ilegalmente a Chile por un paso no habilitado en agosto de 2024, pero residía en Arica con su hermana y era madre de dos adolescentes con residencia temporal, además de trabajar desde febrero de 2025. Alegó falta de fundamentación y falta de ponderación de circunstancias familiares y laborales. El servicio informó que el ingreso ilegal configuraba la causal de expulsión del artículo 127 N°1 en relación con el artículo 32 N°3, y que se cumplió el procedimiento. La Corte analizó la legalidad del acto y determinó que la causal estaba acreditada, que el procedimiento fue correcto y que la actividad laboral no estaba habilitada legalmente. Desestimó la reclamación al no encontrar ilegalidad en la resolución.