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Libre competencia

La Fiscalía Nacional Económica analizó una investigación por presunta colusión de preci…

Resolución · Fiscalía Nacional Económica · 2020

Resumen

La Fiscalía Nacional Económica analizó una investigación por presunta colusión de precios en el transporte rural de pasajeros entre Coyhaique y Puerto Aysén, a la luz del artículo 3° letra a) del DL 211. Se examinó si el alza de tarifas, ocurrida el mismo día y con escaso rezago entre operadores, constituía un acuerdo prohibido. La división concluyó que el paralelismo de conducta, por sí solo, no basta para acreditar un acuerdo, y que no fue posible comprobar hechos, actos o convenciones constitutivos de infracción. En consecuencia, recomendó archivar la investigación, sin perjuicio de la facultad de la Fiscalía de velar por la libre competencia en este mercado y de abrir nuevas investigaciones si surgen antecedentes que lo justifiquen.

Normas citadas

  • Ley N° 20.378
  • Decreto Ley N° 211
  • Decreto Supremo N° 212

Preguntas frecuentes

¿Basta que varios operadores de transporte suban sus tarifas el mismo día para acreditar una colusión de precios?

En este caso, la Fiscalía Nacional Económica sostuvo que el paralelismo de conducta, por sí solo, no basta para acreditar un acuerdo prohibido por el artículo 3° letra a) del DL 211. Al no comprobarse hechos, actos o convenciones constitutivos de infracción, recomendó archivar la investigación.

¿Qué puede hacer la Fiscalía Nacional Económica si cierra una investigación por colusión sin constatar una infracción?

En este caso, la Fiscalía indicó que, pese al archivo, conserva la facultad de velar por la libre competencia en el mercado analizado. También puede abrir nuevas investigaciones si surgen antecedentes que lo justifiquen.

¿Qué tipo de prueba se necesita para sostener una acusación de colusión de precios en el transporte de pasajeros?

En este caso, la Fiscalía concluyó que un alza de tarifas coincidente en el tiempo y con escaso rezago entre operadores no permite, por sí sola, presumir un acuerdo. Se requiere acreditar hechos, actos o convenciones que constituyan la infracción.

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