La Corte de Apelaciones de Santiago conoció un reclamo de ilegalidad interpuesto por la…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago conoció un reclamo de ilegalidad interpuesto por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) contra la Superintendencia de Educación, que había sancionado a la entidad con una multa de 12 UTM por incumplimientos en protocolos de un jardín infantil. El tribunal acogió el reclamo, por cuanto la JUNJI sostuvo que cuenta con los protocolos y reglamentos exigidos, afirmación que la Superintendencia no desvirtuó. Además, la Corte consideró que la exigencia sancionada no fue objeto de imputación de cargos, pues solo se formuló contra la entidad sostenedora, por lo que su aplicación a los establecimientos vulneraría el principio de congruencia entre cargos y resolución sancionatoria. En consecuencia, dejó sin efecto la resolución sancionatoria y absolvió a la JUNJI de todos los cargos, sin costas.
Normas citadas
Circular N° 860
Circular N° 860 de 2018
Resolución Exenta N° 2022
Ley N° 20.529
Artículo 85 de la Ley N° 20.529
Artículo 73 de la Ley N° 20.529
derecho administrativo sancionadorprincipio de congruenciaSuperintendencia de Educaciónreclamo de ilegalidadprotocolos de vulneración de derechosCircular N° 860JUNJImulta administrativa
Preguntas frecuentes
¿Puede la Superintendencia de Educación sancionar a un establecimiento por incumplir una exigencia que no fue incluida en la formulación de cargos?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que no, porque la exigencia sancionada solo se había imputado a la entidad sostenedora y no a los establecimientos, lo que vulneraba el principio de congruencia entre cargos y resolución sancionatoria. Por eso dejó sin efecto la sanción.
¿Procede absolver a una entidad sancionada por la Superintendencia de Educación cuando la sanción es anulada por ilegalidad?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto la resolución sancionatoria y absolvió a la JUNJI de todos los cargos, sin condena en costas. La decisión se fundó en la falta de imputación de la exigencia sancionada y en la ausencia de desvirtuación de los protocolos acreditados.
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