Resumen
Este artículo analiza la aplicación de penas sustitutivas establecidas en la Ley 18.216 a condenados por delitos de abuso sexual contra menores, en el contexto de la entrada en vigor de la Ley 21.523, conocida como "Ley Antonia". A partir de fallos judiciales, se examina la ambigüedad legislativa generada por la reforma y sus efectos en la seguridad jurídica tanto para imputados como para víctimas, destacando la persistencia de criterios dispares en los tribunales y las falencias técnicas de la normativa, particularmente en la exclusión o no de la libertad vigilada intensiva como pena proceden