El Consejo para la Transparencia conoció un amparo contra la Policía de Investigaciones…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2019
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un amparo contra la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), que buscaba conocer el número de expulsiones de personas extranjeras entre 1975 y 2007, desagregado por sexo, nacionalidad, región y motivo. La PDI sostuvo que esa información no existe, pues el sistema computacional del que se extraen las cifras registra datos solo desde 2008. El Consejo resolvió rechazar el amparo por inexistencia de la información solicitada, al no haber antecedentes que desvirtuaran lo señalado por el organismo. Además, desestimó la pretensión de incluir en la solicitud los decretos de expulsión en soporte no digital, por tratarse de una petición nueva que se refería a cifras estadísticas y no a los documentos que las originan.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si un organismo público dice que la información solicitada no existe porque no la tiene registrada en sus sistemas?
En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó el amparo por inexistencia de la información, al no haber antecedentes que desvirtuaran lo señalado por la PDI, que indicó que su sistema computacional registra datos solo desde 2008.
¿Se puede ampliar una solicitud de transparencia incorporando documentos que no se pidieron originalmente?
En este caso, el Consejo desestimó incluir en el amparo los decretos de expulsión en soporte no digital, por tratarse de una petición nueva que se refería a cifras estadísticas y no a los documentos que las originan.
¿Es posible pedir a un organismo estadísticas de cifras históricas que no se encuentran sistematizadas?
En este caso, el Consejo rechazó el amparo que buscaba cifras de expulsiones entre 1975 y 2007, pues la PDI sostuvo que esa información no existe en sus sistemas, lo que no fue desvirtuado durante el procedimiento.
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.