El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por presunta infracción a las norma…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2018
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por presunta infracción a las normas de transparencia activa interpuesto contra la Municipalidad de San Miguel. La presentación cuestionaba el funcionamiento de un centro comunitario, pero no denunciaba la falta de publicación de información que la Ley N° 20.285 exige divulgar de oficio. Por ello, el Consejo declaró inadmisible el reclamo, al no configurarse una infracción a los artículos 7° y siguientes de la ley ni a los artículos 50 y siguientes de su Reglamento. Se dejó expresamente a salvo que el reclamante pueda formular en el futuro una solicitud de acceso a la información pública conforme a los artículos 5° y 10 de la ley. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de quince días corridos desde su notificación.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si un reclamo de transparencia activa contra un municipio no señala que falta publicar información que la ley exige divulgar de oficio?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el reclamo, porque no constituía una infracción a las normas de transparencia activa de la Ley N° 20.285 ni de su Reglamento. Se dejó a salvo la posibilidad de presentar una solicitud de acceso a la información pública.
¿Contra qué resolución del Consejo para la Transparencia procede reclamo de ilegalidad y en qué plazo?
En este caso, el Consejo sostuvo que contra su decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de quince días corridos desde su notificación.
¿Un reclamo sobre el funcionamiento de un centro comunitario municipal es lo mismo que un reclamo por transparencia activa?
En este caso, el Consejo resolvió que cuestionar el funcionamiento de un centro comunitario no equivale a denunciar la falta de publicación de información exigida de oficio, por lo que no se configuró una infracción a los artículos 7° y siguientes de la ley.
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