Sentencia · Corte Suprema · 2016
La sentencia se refiere a la invalidación de un contrato de prestación de servicios por parte de la municipalidad demandada. La demandante solicita el pago de honorarios correspondientes a dicho contrato, lo que supone que el contrato sea válido y produzca todos sus efectos. Sin embargo, la sentencia considera que la invalidación del contrato implica que el acto administrativo ilegal no produce efectos, por lo que no se adeuda pago alguno a la demandante.
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