El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acogió parcialmente la demanda presentad…
Sentencia · Tribunal de Defensa de la Libre Competencia · 2010
Resumen
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acogió parcialmente la demanda presentada por varias empresas importadoras y exportadoras contra la sociedad concesionaria que administra el puerto terrestre Los Andes, y contra el Fisco de Chile. Los demandantes sostuvieron que la concesionaria, en posición dominante en el control fronterizo del paso Los Libertadores, cobró la tarifa máxima de estiba y desestiba por un servicio de auxilio a la fiscalización de menor costo, y que el Estado facilitó ese abuso mediante una regulación deficiente y falta de fiscalización. El tribunal declaró que la concesionaria infringió la letra b) del artículo 3° del Decreto Ley N° 211 al aplicar dicha tarifa a servicios distintos de los regulados, la condenó a una multa de 350 UTA y le ordenó abstenerse de cobrar esa tarifa por servicios diferentes. Rechazó la demanda contra el Fisco y no condenó en costas a la concesionaria por haber tenido motivo plausible para litigar.
Normas citadas
Decreto Ley N° 211, artículo 3, letra b)
Reglamento de Servicio de la Obra PTLA
BALI 1.10.2.2 letra e)
abuso de posición dominantelibre competenciatarifa excesivaestiba y desestibaauxilio a la fiscalizaciónconcesiónpuerto terrestremulta
Preguntas frecuentes
¿Puede una concesionaria en posición dominante cobrar la tarifa de estiba y desestiba por servicios distintos a los regulados?
En este caso, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia declaró que la concesionaria infringió la letra b) del artículo 3° del Decreto Ley N° 211 al aplicar esa tarifa a servicios distintos de los regulados. La condenó a una multa de 350 UTA y le ordenó abstenerse de cobrar esa tarifa por servicios diferentes.
¿Responde el Estado por el abuso de una concesionaria si la regulación tarifaria fue deficiente o no hubo fiscalización?
En este caso, el tribunal rechazó la demanda contra el Fisco, aunque los demandantes sostuvieron que el Estado facilitó el abuso mediante una regulación deficiente y falta de fiscalización. La responsabilidad sancionada recayó únicamente en la concesionaria.
¿Procede condenar en costas a una concesionaria que litigó sin tener motivo plausible?
En este caso, el Tribunal no condenó en costas a la concesionaria porque tuvo motivo plausible para litigar. Sí acogió parcialmente la demanda contra ella.
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