Resumen del criterio jurisprudencial
Antigua y Barbuda presentó una reclamación ante la OMC el 21 de marzo de 2003 contra medidas estadounidenses que afectaban el suministro transfronterizo de servicios de juegos de azar y apuestas. Antigua y Barbuda consideró que las medidas aplicadas por autoridades centrales, regionales y locales estadounidenses impedían el acceso a su mercado, violando obligaciones del AGCS. Se estableció un Grupo Especial el 21 de julio de 2003, con participación de terceros como Canadá, CE, México, Taipei Chino y Japón. El procedimiento incluyó análisis de compatibilidad con artículos II, VI, VIII, XI, XVI y XVII del AGCS. Finalmente, el OSD autorizó a Antigua y Barbuda a suspender concesiones y obligaciones en materia de derechos de propiedad intelectual respecto a Estados Unidos, con un monto de 21 millones de dólares anuales.