Resumen
La Dirección del Trabajo fue consultada por un particular sobre la situación laboral de profesionales de la educación que prestan servicios en establecimientos dependientes de los Departamentos de Educación de las Municipalidades. El organismo declaró que carece de competencia para emitir el pronunciamiento requerido. Fundó esta conclusión en su jurisprudencia reiterada (dictámenes 2125/180, de 2000, y 1267/70, de 1999), según la cual no puede pronunciarse sobre la situación de los dependientes de servicios traspasados a las municipalidades, aunque se rijan por el Estatuto Docente y el Código del Trabajo. Lo fundamental es que, según instrucciones de la Contraloría General de la República, esos trabajadores mantienen la calidad de servidores públicos por su vínculo directo con un ente público, y por ello quedan sujetos a la fiscalización de la Contraloría. En consecuencia, la Dirección del Trabajo resolvió que carece de competencia para interpretar y fiscalizar la legislación laboral respecto de esos profesionales.