Resumen
La Contraloría General de la República confirmó el dictamen N° 94.726, de 2014, al concluir que no procede que los contratos de arriendo celebrados entre la sociedad administradora de la zona franca de Punta Arenas y los usuarios del recinto contemplen la facultad de subarrendar. Se determinó que, al tratarse de un régimen de excepción, sus disposiciones deben interpretarse restrictivamente. Ni las bases de licitación ni el contrato de concesión, que obligaban a respetar las condiciones pactadas con la administradora anterior, bastan para incorporar esa facultad, pues debe ejercerse dentro de los atributos expresamente conferidos a la concesionaria. Tampoco los artículos 8° y 12 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2001, justifican potestades implícitas, ya que la enumeración del artículo 8° se refiere a los actos y contratos sobre mercancías y no a las atribuciones de la sociedad administradora.