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La Contraloría General de la República confirmó el dictamen N° 94.726, de 2014, al conc…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Resumen

La Contraloría General de la República confirmó el dictamen N° 94.726, de 2014, al concluir que no procede que los contratos de arriendo celebrados entre la sociedad administradora de la zona franca de Punta Arenas y los usuarios del recinto contemplen la facultad de subarrendar. Se determinó que, al tratarse de un régimen de excepción, sus disposiciones deben interpretarse restrictivamente. Ni las bases de licitación ni el contrato de concesión, que obligaban a respetar las condiciones pactadas con la administradora anterior, bastan para incorporar esa facultad, pues debe ejercerse dentro de los atributos expresamente conferidos a la concesionaria. Tampoco los artículos 8° y 12 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2001, justifican potestades implícitas, ya que la enumeración del artículo 8° se refiere a los actos y contratos sobre mercancías y no a las atribuciones de la sociedad administradora.

Normas citadas

  • dfl 2/2001 hacie art/12 lt/c
  • dfl 2/2001 hacie art/12 lt/a
  • dfl 2/2001 hacie art/12 lt/d
  • dfl 2/2001 hacie art/12 lt/e
  • dfl 2/2001 hacie art/8
  • DTO 275/76 hacie
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede el arrendatario de un local en una zona franca subarrendar el espacio si el contrato no lo dice expresamente?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que no procede que los contratos de arriendo de la zona franca de Punta Arenas contemplen la facultad de subarrendar. Como es un régimen de excepción, sus disposiciones se interpretan restrictivamente.

¿Las bases de licitación o un contrato de concesión anterior permiten incorporar la facultad de subarrendar en una zona franca?

En este caso, el organismo sostuvo que ni las bases de licitación ni el contrato de concesión bastan para incorporar esa facultad, porque debe ejercerse dentro de los atributos expresamente conferidos a la concesionaria.

¿Los artículos 8° y 12 del DFL N° 2, de 2001, permiten a la administradora de una zona franca ejercer potestades implícitas como autorizar subarriendos?

En este caso, la Contraloría determinó que esos artículos no justifican potestades implícitas, ya que la enumeración del artículo 8° se refiere a actos y contratos sobre mercancías y no a las atribuciones de la sociedad administradora.

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