Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció, a raíz de dos oficios del Prosecretario de la Cámara de Diputadas y Diputados, sobre una publicación difundida por el Ministerio de Seguridad Pública en sus redes sociales institucionales. El órgano recordó que los servicios públicos pueden informar a la ciudadanía a través de redes sociales, pero solo sobre acciones directamente vinculadas a sus funciones propias, con información verificada, correcta, oportuna y en términos respetuosos y corteses. Concluyó que en este caso no se cumplieron esos requisitos, por lo que ordenó a la repartición ajustar sus publicaciones a los fines públicos que justifican su uso. Ello, sin perjuicio del procedimiento disciplinario que el Ministerio informó haber instruido, cuyo resultado debe ser comunicado a la Contraloría. Se fundó en el artículo 61 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, que obliga a los funcionarios a orientar sus funciones a los objetivos institucionales y a actuar con esmero, cortesía y eficiencia.