La Corte Suprema conoció un recurso de protección presentado por los padres de un menor…
Sentencia · Corte Suprema · 2023
Resumen
La Corte Suprema conoció un recurso de protección presentado por los padres de un menor de 11 años con T.E.A., que cursaba sexto año básico y que habría sido víctima de acoso escolar reiterado por parte de un compañero durante marzo y abril de 2023. Los recurrentes reclamaban que el establecimiento educacional había vulnerado las garantías constitucionales de su hijo. El tribunal constató que el colegio activó sus protocolos, inició investigaciones internas con reserva, confirmó los hechos denunciados y adoptó medidas pertinentes para evitar y sancionar el acoso, incluido el cambio de curso del agresor. Concluyó que no existía acto u omisión arbitrario o ilegal imputable a las recurridas, por lo que rechazó la acción de protección, sin costas.
Normas citadas
Artículo 20 de la Constitución Política de la República
bullyingacoso escolarderechos del niñoTrastorno del Espectro Autista (TEA)recurso de proteccióngarantías constitucionalesresponsabilidad educacionalprotocolos escolares
Preguntas frecuentes
¿Puede un colegio ser responsable por recurso de protección si no sanciona el acoso escolar entre alumnos?
En este caso, la Corte Suprema concluyó que el colegio no incurrió en un acto u omisión arbitrario o ilegal, porque activó sus protocolos, investigó con reserva, confirmó los hechos y adoptó medidas como el cambio de curso del agresor. Por eso rechazó la acción de protección.
¿Qué debe hacer un establecimiento educacional frente a una denuncia de acoso escolar según la jurisprudencia chilena?
Según este fallo, el establecimiento debe activar sus protocolos, realizar investigaciones internas con reserva y adoptar medidas para evitar y sancionar el acoso. La Corte Suprema consideró que el colegio cumplió con estas obligaciones en el caso analizado.
¿Procede el recurso de protección por acoso escolar sufrido por un menor de edad en Chile?
En este caso, la Corte Suprema conoció el recurso presentado por los padres de un menor afectado por acoso escolar, reclamando la vulneración de sus garantías constitucionales. Lo rechazó tras constatar que no hubo acto u omisión arbitrario o ilegal imputable al colegio.
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