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El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación presentada por un…

Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2023

Resumen

El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación presentada por una empresa en contra de una municipalidad, tras un decreto alcaldicio que revocó la adjudicación de una licitación pública para auditoría externa. La empresa alegó que la revocación se basó en hechos falsos y en un proceso previo no pagado, vulnerando los principios de libre concurrencia, igualdad ante la ley y estricta sujeción a las bases. El tribunal acogió la acción solo en cuanto declaró ilegal y arbitrario el decreto rectificatorio, al considerar que la Administración no puede revocar una adjudicación por conveniencia ni fundarse en hechos falsos. Como medida para restablecer el imperio del derecho, reconoció a la actora el derecho a demandar en las sedes jurisdiccionales pertinentes el pago de las indemnizaciones civiles que estime corresponder, así como hacer efectivas las responsabilidades administrativas que considere oportunas. Rechazó la acción en todo lo demás y dispuso que cada parte pagara sus costas.

Normas citadas

  • Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública

Preguntas frecuentes

¿Puede una municipalidad revocar la adjudicación de una licitación pública por conveniencia?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública declaró ilegal y arbitrario el decreto que revocó la adjudicación, al considerar que la Administración no puede revocar una adjudicación por conveniencia ni fundarse en hechos falsos.

¿Qué puede hacer una empresa si se revoca ilegalmente su adjudicación en una licitación pública?

El tribunal reconoció a la actora el derecho a demandar en las sedes jurisdiccionales pertinentes el pago de las indemnizaciones civiles que estime corresponder, así como hacer efectivas las responsabilidades administrativas que considere oportunas.

¿Qué principios se vulneran si se revoca una adjudicación basada en hechos falsos?

La empresa alegó que la revocación vulneró los principios de libre concurrencia, igualdad ante la ley y estricta sujeción a las bases, y el tribunal acogió la acción declarando ilegal y arbitrario el decreto rectificatorio.

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