Resumen del criterio jurisprudencial
El caso trata de un recurso de apelación interpuesto por la defensa de Marcos Enrique Tarifeño Chávez contra la resolución que declaró quebrantada la pena sustitutiva de prestación de servicios en beneficio de la comunidad que le había sido impuesta. El condenado había sido sentenciado originalmente a 61 días de presidio menor en su grado mínimo, pena que fue sustituida por servicios comunitarios. El plan de cumplimiento fue aprobado el 16 de diciembre de 2022, con inicio fijado para el 6 de marzo de 2023. Sin embargo, el 14 de mayo de 2025, el condenado cometió un nuevo delito de robo con fuerza en lugar habitado, por el cual fue condenado a tres años y un día de presidio. El tribunal de primera instancia aplicó el artículo 27 de la Ley 18.216, considerando que el nuevo delito se cometió durante el cumplimiento de la pena sustitutiva, y ordenó el cumplimiento efectivo de la pena original. La defensa argumentó que la pena sustitutiva aún no había comenzado a cumplirse, por lo que no podía configurarse el quebrantamiento. La Corte de Apelaciones confirmó la resolución, sosteniendo que la pena sustitutiva se encontraba en curso desde la aprobación del plan y la notificación al condenado, por lo que el nuevo delito constituyó un quebrantamiento legal.