Resumen del criterio jurisprudencial
El actor Marchant, detenido en 1989 y nuevamente en 1991 por tenencia de bombas incendiarias, interpuso una demanda contra el Fisco de Chile reclamando indemnización por daño moral y físico. La Corte de Apelaciones de Santiago analizó si los daños alegados podían atribuirse exclusivamente a la primera detención o si la segunda detención también contribuía. Se constató que no existe prueba suficiente que vincule la detención de 1989 con la condena de 1991, rompiendo el nexo causal. Por tanto, la Corte limitó la indemnización al daño probado derivado de la primera detención, fijando la suma en doce millones de pesos. La decisión fue adoptada por mayoría, acogiendo parcialmente la pretensión del actor. Un voto disidente sostuvo que los pagos ya percibidos por el actor deben considerarse y que la indemnización adicional no procede.