La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por la Defensoría Penal Púb…
Sentencia · Corte Suprema · 2025
Resumen
La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por la Defensoría Penal Pública a favor de imputados con trastornos mentales que cumplían medida de internación provisional en establecimientos penitenciarios, pese a que se había decretado la suspensión del procedimiento por presunta inimputabilidad por enajenación mental. El tribunal estimó que mantenerlos en cárceles de régimen común, por falta de establecimientos asistenciales habilitados por los Servicios de Salud, constituía una amenaza arbitraria e ilegal de sus garantías. Por ello, ordenó que, mientras se mantenga su situación cautelar, los servicios recurridos los pongan a disposición de un establecimiento asistencial clínico especializado en el plazo de diez días, informando previamente a Gendarmería, y que se elabore el informe pericial sobre su imputabilidad. Revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Normas citadas
Artículo 457 Código Procesal Penal
Artículo 458 Código Procesal Penal
Artículo 464 Código Procesal Penal
Artículo 9 Ley N°21.331
Decreto N°570 - Reglamento para la Internación de Personas con Enfermedades Mentales
Convención Americana sobre Derechos Humanos
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
¿Qué plazo debe cumplir el Servicio de Salud para trasladar a un imputado con trastorno mental desde una cárcel a un establecimiento asistencial?
La Corte Suprema ordenó a los servicios recurridos poner a los imputados a disposición de un establecimiento asistencial clínico especializado en el plazo de diez días, informando previamente a Gendarmería.
¿Procede un recurso de protección para reclamar la internación de imputados con enajenación mental en recintos penitenciarios?
En este caso, la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por la Defensoría Penal Pública a favor de los imputados y revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago. Además, ordenó elaborar el informe pericial sobre la imputabilidad de los afectados.
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