Resumen del criterio jurisprudencial
La Universidad Arturo Prat interpuso un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra los artículos 4°, inciso primero, de la Ley N° 19.886, y 495, inciso final, del Código del Trabajo, en el marco de un juicio de tutela laboral seguido en su contra ante el Juzgado de Letras de Victoria. La universidad alegó que, de ser condenada por infracción de derechos fundamentales, dichas normas la excluirían automáticamente de contratar con el Estado por dos años, lo que vulneraría los principios de servicialidad, igualdad, debido proceso y derecho de propiedad. El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento, considerando que la exclusión automática es desproporcionada y afecta el derecho a desarrollar actividades económicas y el debido proceso, sin considerar las circunstancias específicas del caso. La sentencia destacó que la universidad es una institución estatal y que la sanción impediría el cumplimiento de sus funciones públicas. La decisión fue adoptada por mayoría, con el voto disidente de la Ministra Marcela Peredo Rojas.