El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo presentado por una persona contra e…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2023
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo presentado por una persona contra el Servicio Nacional de Migraciones, en el que se cuestionaba la demora en un trámite migratorio. El Consejo concluyó que la presentación no reclamaba por la falta de publicación o completitud de la información que los órganos de la Administración del Estado deben mantener en sus sitios electrónicos como transparencia activa, por lo que faltaba un elemento habilitante para su interposición. En consecuencia, declaró inadmisible el reclamo por ausencia de infracción al artículo 7º de la Ley de Transparencia y al artículo 51 de su Reglamento, y ordenó notificar la decisión a las partes. Se indicó que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente dentro de quince días corridos desde la notificación, y que no procede recurso de reposición.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Procede reclamar ante el Consejo para la Transparencia por la demora en un trámite migratorio?
En este caso, el Consejo declaró inadmisible el reclamo porque no cuestionaba la falta de publicación o completitud de la información de transparencia activa que exige el artículo 7º de la Ley de Transparencia, por lo que faltaba un elemento habilitante para su interposición.
¿Cuál es el plazo para presentar un reclamo de ilegalidad contra una decisión del Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo indicó que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente dentro de quince días corridos desde la notificación de la decisión, y que no procede recurso de reposición.
¿Qué ocurre si un reclamo ante el Consejo para la Transparencia no se refiere a la transparencia activa?
En este caso, el Consejo concluyó que la presentación no reclamaba por la falta de publicación o completitud de la información que los órganos de la Administración del Estado deben mantener en sus sitios electrónicos, por lo que lo declaró inadmisible.
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