El Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile-Ministerio de Ed…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2023
Resumen
El Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile-Ministerio de Educación, presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 28, inciso segundo, de la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública. Esa norma impide a los órganos de la Administración del Estado reclamar ante la Corte de Apelaciones contra resoluciones del Consejo para la Transparencia que acogen amparos de acceso a información denegada por afectación del debido cumplimiento de funciones. El caso se originó en un reclamo de ilegalidad contra una decisión de amparo que ordenaba a la Subsecretaría de Educación entregar instrumentos de evaluación. El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento, por estimar que la norma no es inconstitucional y que el Ejecutivo, incluidas sus dependencias directas y no autónomas, no puede ser a la vez titular y sujeto obligado respecto de derechos fundamentales, ni pretender verse afectado en sus garantías por normas que él mismo promulgó.
Normas citadas
Artículo 28, inciso segundo, Ley N° 20.285
Artículo 21 N° 1, Ley N° 20.285
Artículos 65 a 75, Constitución Política de la República de Chile
acceso a información públicatransparenciainaplicabilidadinconstitucionalidadConsejo para la Transparenciareclamo de ilegalidadderechos fundamentalesAdministración del Estado
Preguntas frecuentes
¿Puede el Estado invocar la inconstitucionalidad de una ley de transparencia que limita su derecho a reclamar contra un amparo de acceso a la información?
El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad presentado por el Fisco, estimando que el Ejecutivo y sus dependencias directas no pueden ser titulares y sujetos obligados a la vez respecto de derechos fundamentales, ni alegar afectación de garantías por normas que promulgó.
¿Un ministerio o una subsecretaría pueden alegar vulneración de sus garantías constitucionales frente a normas de acceso a la información pública?
En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que la Subsecretaría de Educación, al ser una dependencia directa del Ejecutivo y no un órgano autónomo, no puede pretender verse afectada en sus garantías por normas que el propio Ejecutivo promulgó.
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