La Corte Suprema, Tercera Sala, conoció una acción de protección interpuesta por dos in…
Sentencia · Corte Suprema · 2025
Resumen
La Corte Suprema, Tercera Sala, conoció una acción de protección interpuesta por dos internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1, quienes demandaban atención psicológica y psiquiátrica adecuada. La sentencia de primera instancia había acogido parcialmente el recurso, ordenando a Gendarmería de Chile evaluar a los recurrentes e implementar el tratamiento prescrito, decisión que la Corte confirmó, reconociendo que los privados de libertad conservan derechos fundamentales no limitados por su condena. Se rechazó, en cambio, la pretensión de acceder a todas las prestaciones de salud disponibles, por estimar que la acción de protección no procede para objetar decisiones de política pública de salud del Ejecutivo, las que responden a limitaciones presupuestarias y a soluciones estructurales para el mayor número de casos similares. La Corte precisó que ello no implica renunciar a sus facultades conservadoras de derechos fundamentales en circunstancias distintas.
Normas citadas
Artículo 20 de la Constitución Política de la República
Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, artículo 1°
Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, artículo 3° letra a)
Decreto que aprueba el Reglamento de los Establecimientos Penitenciarios, artículo 2°
Reglamento de los Establecimientos Penitenciarios, artículo 4°
acción de protecciónderechos fundamentalessalud mentalsistema penitenciariointegridad psíquicaGendarmeríaprivados de libertadreinserción social
Preguntas frecuentes
¿Tiene derecho a atención psiquiátrica un privado de libertad en Chile por medio de una acción de protección?
En este caso, la Corte Suprema confirmó que los privados de libertad conservan derechos fundamentales no limitados por su condena, y ordenó a Gendarmería evaluar a los recurrentes e implementar el tratamiento psicológico y psiquiátrico prescrito.
¿Procede la acción de protección para exigir que el Estado otorgue todas las prestaciones de salud a internos de un centro penitenciario?
En este caso, la Corte Suprema rechazó esa pretensión, por estimar que la acción de protección no procede para objetar decisiones de política pública de salud del Ejecutivo, que responden a limitaciones presupuestarias y a soluciones estructurales.
¿Puede la Corte Suprema intervenir en políticas públicas de salud penitenciaria cuando se afectan derechos fundamentales?
En este caso, la Corte precisó que rechazar la pretensión amplia no implica renunciar a sus facultades conservadoras de derechos fundamentales, las que pueden ejercerse en circunstancias distintas.
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