Resumen del criterio jurisprudencial
La Revista Punto Final demandó al Estado de Chile y posteriormente a los Ministerios de Hacienda, Justicia y Planificación, alegando que la inversión publicitaria estatal se concentraba en los grandes grupos periodísticos El Mercurio y Copesa, en desmedro de la prensa independiente, lo que constituía una discriminación y vulneraba la libre competencia. La demandante señaló que dicha práctica generaba un duopolio ideológico y afectaba el pluralismo informativo. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia analizó si la asignación de publicidad estatal podía considerarse una conducta anticompetitiva. El tribunal concluyó que el Estado no actúa como un agente económico en el mercado de la publicidad, sino como un anunciante, y que no se acreditó una infracción al Decreto Ley N° 211. Asimismo, consideró que no existía evidencia de discriminación arbitraria ni de afectación a la libre competencia. Por ello, rechazó la demanda en todas sus partes, sin costas.