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La Sociedad Editora, Impresora y Distribuidora de Publicaciones y Videos Punto Final S.…

Sentencia · Tribunal de Defensa de la Libre Competencia · 2009

Resumen

La Sociedad Editora, Impresora y Distribuidora de Publicaciones y Videos Punto Final S.A. demandó a los Ministerios de Hacienda, Justicia y Planificación y Cooperación, alegando que la asignación de publicidad estatal se concentraba en grandes grupos periodísticos, en perjuicio de la prensa independiente, lo que a su juicio constituía discriminación y una infracción a la libre competencia. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia concluyó que el Estado, al contratar publicidad, actúa como anunciante y no como agente económico en el mercado de la publicidad, y que no se acreditó infracción al Decreto Ley N° 211 ni prueba de criterios arbitrarios o discriminatorios que afectaran la competencia en la prensa escrita. Aun así, el Tribunal estimó deseable que la inversión publicitaria estatal se realice con criterios transparentes, objetivos y no discriminatorios, mediante procesos que recaben información técnica sobre tiraje y lectoría. Por estas razones rechazó la demanda en todas sus partes, sin costas, y también rechazó las tachas formuladas contra cuatro testigos.

Normas citadas

  • Artículo 19 de la Constitución Política de la República
libre competenciapublicidad estataldiscriminaciónduopoliomedios de comunicaciónprensa escritainversión publicitariapluralismo informativo

Preguntas frecuentes

¿El Estado actúa como agente económico al contratar publicidad y puede infringir la libre competencia por asignarla a grandes grupos periodísticos?

En este caso, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sostuvo que el Estado, al contratar publicidad, actúa como anunciante y no como agente económico en el mercado de la publicidad. Por ello rechazó la demanda, al no acreditarse infracción al Decreto Ley N° 211.

¿Qué se requiere para acreditar una discriminación en la asignación de publicidad estatal que afecte la competencia en la prensa escrita?

En este caso, el Tribunal concluyó que no se probó la existencia de criterios arbitrarios o discriminatorios que afectaran la competencia en la prensa escrita. Por esa falta de prueba rechazó la demanda en todas sus partes, sin costas.

¿Cómo debe asignar el Estado su inversión en publicidad para evitar críticas de discriminación hacia la prensa independiente?

En este caso, el Tribunal estimó deseable que la inversión publicitaria estatal se realice con criterios transparentes, objetivos y no discriminatorios, mediante procesos que recaben información técnica sobre tiraje y lectoría. Esta recomendación no fue una sanción, pues la demanda fue rechazada.

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