El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la informaci…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2018
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la información presentado contra un hospital público. La reclamante pretendía que el organismo realizara una nueva auditoría considerando los hechos que relataba. El Consejo razonó que esa pretensión no dice relación con el derecho de acceso a la información pública, sino que corresponde al ejercicio del derecho de petición consagrado en la Constitución. Por ello, concluyó que no se ejerció el derecho de acceso en los términos exigidos por la Ley de Transparencia y que no podía acogerse una solicitud de amparo, debiendo declararse inadmisible. La decisión fue adoptada por la unanimidad de los miembros presentes y se encomendó notificarla a las partes, con la advertencia de que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de quince días corridos.
Normas citadas
Constitución Política de la República
Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadSalud
Preguntas frecuentes
¿Se puede presentar un amparo ante el Consejo para la Transparencia para pedir que un organismo público realice una nueva auditoría?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo porque la pretensión de que se realizara una nueva auditoría no dice relación con el derecho de acceso a la información pública, sino con el derecho de petición consagrado en la Constitución.
¿Qué ocurre si una solicitud ante un organismo público no ejerce el derecho de acceso a la información en los términos de la Ley de Transparencia?
En este caso, el Consejo concluyó que no se ejerció el derecho de acceso en los términos exigidos por la Ley de Transparencia y que no podía acogerse la solicitud de amparo, debiendo declararse inadmisible.
¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un amparo?
En este caso, el Consejo advirtió que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de quince días corridos.
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