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Ambiental

La Superintendencia del Medio Ambiente resolvió un procedimiento administrativo sancion…

Resolución · Superintendencia del Medio Ambiente · 2021

Resumen

La Superintendencia del Medio Ambiente resolvió un procedimiento administrativo sancionatorio por ruidos molestos generados por un taller de hojalatería, en infracción al D.S. N° 38 del Ministerio del Medio Ambiente. El organismo aplicó la sanción correspondiente e instruyó que, una vez que la resolución sancionatoria quede a firme, se formule la anotación respectiva en el Registro Público de Sanciones de la Superintendencia, conforme al artículo 58 de la LOSMA y al Reglamento del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental. Además, se estableció que las personas naturales que representen legalmente a la empresa o actúen en su nombre serán subsidiariamente responsables del pago de la multa, y que las sanciones prescribirán a los tres años desde que la resolución quede a firme, plazo que se interrumpe por la notificación del procedimiento de ejecución o por la formulación de cargos por incumplimiento.

Normas citadas

  • Decreto Supremo N° 38
  • Resolución Exenta N° 1
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 19.300
  • Ley N° 20.417
  • Ley N° 18.575
  • Decreto Supremo N° 146
  • D.S. N° 4

Preguntas frecuentes

¿Qué sanción aplica la Superintendencia del Medio Ambiente por ruidos molestos de un taller?

En este caso, la Superintendencia del Medio Ambiente aplicó la sanción correspondiente por infracción al D.S. N° 38 del Ministerio del Medio Ambiente, debido a ruidos molestos generados por un taller de hojalatería.

¿Quiénes son responsables del pago de la multa impuesta por la Superintendencia del Medio Ambiente?

En este caso, la Superintendencia estableció que las personas naturales que representen legalmente a la empresa o actúen en su nombre serán subsidiariamente responsables del pago de la multa.

¿Cuándo prescribe la sanción ambiental y cómo se interrumpe?

En este caso, la Superintendencia dispuso que las sanciones prescriben a los tres años desde que la resolución quede a firme, plazo que se interrumpe por la notificación del procedimiento de ejecución o por la formulación de cargos por incumplimiento.

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