El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido contra el Ejército de Chile,…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido contra el Ejército de Chile, que había denegado la entrega de la hoja de vida y calificaciones de un ex funcionario de la institución. El Consejo estimó que se trata de información de naturaleza pública, cuya entrega fue autorizada por el tercero interesado, y que no concurren causales de secreto o reserva que justifiquen la denegación. En aplicación del principio de divisibilidad, el órgano deberá tarjar previamente los datos personales y sensibles de contexto, así como las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, conforme a la Ley sobre Protección de la Vida Privada. La resolución ordena la entrega de la información, advierte las sanciones del artículo 46 de la Ley de Transparencia por incumplimiento y exige acreditar el cumplimiento dentro de plazo.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 19.628
Ley N° 18.575
D.F.L. N° 1
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Un organismo público puede negarse a entregar la hoja de vida y calificaciones de un ex funcionario?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y ordenó la entrega, porque estimó que se trata de información pública, que el tercero interesado autorizó entregarla y que no concurrían causales de secreto o reserva que justificaran la denegación.
¿Qué datos deben tarjarse antes de entregar la hoja de vida de un funcionario público según la Ley de Transparencia?
En aplicación del principio de divisibilidad, el Consejo ordenó tarjar previamente los datos personales y sensibles de contexto, así como las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, conforme a la Ley sobre Protección de la Vida Privada.
¿Qué consecuencias tiene para un organismo no cumplir una orden de entrega de información del Consejo para la Transparencia?
La resolución advierte que el incumplimiento puede acarrear las sanciones del artículo 46 de la Ley de Transparencia, y exige al órgano acreditar el cumplimiento dentro del plazo fijado.
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