Resumen
La Contraloría General de la República devolvió a la Dirección General de Aguas una resolución que sometía el derecho de aprovechamiento de aguas a una modalidad que afecta la naturaleza de la merced. El órgano contralor explicó que, si bien el Código de Aguas (artículos 62, 64, 66 y 68) otorga facultades excepcionales, como reducir temporalmente el ejercicio del derecho ante perjuicios a otros titulares o declarar zonas de prohibición, esas medidas requieren perjuicio demostrado y petición expresa del afectado, o una declaración de zona de prohibición, requisitos que no concurrían. Por ello, el caso queda sujeto a la normativa general del Código, que no permite imponer condiciones que alteren la naturaleza del derecho, pues ello vulneraría la seguridad jurídica. Además, se constató discrepancia entre los informes técnicos, ya que el último exige verificar una posible intrusión de agua salina con supervisión técnica de la Dirección, diligencia que debe cumplirse antes de otorgar los derechos.