Resumen del criterio jurisprudencial
El caso trata de un recurso de amparo interpuesto por cuatro padres contra sentencias que ordenaron la escolarización inmediata de sus hijos menores, en un expediente de jurisdicción voluntaria promovido por el Ministerio Fiscal. Los padres alegaban que impartían educación en el domicilio familiar, que sus hijos hablaban cinco idiomas y recibían formación en diversas materias, y que la escolarización obligatoria no era un derecho constitucionalmente protegido. El Ministerio Fiscal sostuvo que el artículo 27 de la Constitución establece la educación básica como obligatoria y gratuita, y que los poderes públicos deben garantizarla. Los padres invocaron la STC y una sentencia del Tribunal Supremo como precedentes que no excluyen la enseñanza en el hogar. La resolución del Tribunal Constitucional, aunque no se reproduce el fallo en el texto proporcionado, aborda el conflicto entre el derecho a la educación y la libertad de los padres para elegir el tipo de educación. Los antecedentes indican que el Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial de Málaga ya habían confirmado la obligación de escolarizar a los menores.