Un funcionario público que había asumido un nuevo cargo en otro organismo del Estado fu…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026
Resumen
Un funcionario público que había asumido un nuevo cargo en otro organismo del Estado fue destituido por abandono de funciones, sanción fundada en faltas de asistencia posteriores a su cese en la repartición anterior. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección, sin costas, y dejó sin efecto la destitución. El tribunal sostuvo que el artículo 86 del Estatuto Administrativo, que dispone el cese en el cargo anterior por el solo ministerio de la ley al asumir un nuevo empleo público, es de carácter imperativo para la Administración, por lo que no podía sancionar al funcionario por hechos posteriores a su cese. Se estimó también que la afectación de su calidad de funcionario, atribuida a un desacato inexistente, vulneraba la garantía del derecho de propiedad sobre el cargo. El fallo fue dictado por la Primera Sala de la Corte.
Normas citadas
Ley N° 18.834
DFL 29
Artículo 86 de la Ley N° 18.834
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Código del Trabajo
Artículo 3° de la Ley N° 18.575
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Preguntas frecuentes
¿Puede un funcionario público ser destituido por abandono de funciones en su cargo anterior después de haber asumido un nuevo empleo público?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que no, porque el artículo 86 del Estatuto Administrativo hace cesar por ley el cargo anterior al asumir otro empleo público, y la Administración no podía sancionar por hechos posteriores a ese cese. Acogió el recurso de protección y dejó sin efecto la destitución.
¿El artículo 86 del Estatuto Administrativo es obligatorio para la Administración del Estado?
Según este fallo, sí: la Corte de Apelaciones de Santiago estimó que esa norma es de carácter imperativo, de modo que la Administración debe aplicarla y no puede desconocer el cese que produce por el solo ministerio de la ley.
¿Qué garantía constitucional se considera afectada cuando se destituye a un funcionario por hechos que no justifican la sanción?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago consideró que la destitución, fundada en un desacato inexistente, vulneraba la garantía del derecho de propiedad sobre el cargo que tenía el funcionario, y por ello acogió el recurso de protección.
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