El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las no…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2019
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa presentado contra la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de Antofagasta. La reclamación se refería a una disputa de pago con una empresa contratista, cuestión que el Consejo estimó ajena a su competencia, pues no se traducía en la entrega de información en los términos de la Ley de Transparencia. El organismo concluyó que no existía infracción al artículo 7° de la Ley de Transparencia ni al artículo 51 de su Reglamento, y advirtió a la parte reclamante que la controversia sobre las sumas adeudadas debía plantearse ante la Inspección del Trabajo o los Tribunales de Justicia. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio de la parte reclamante, dentro de quince días corridos desde la notificación, y no procede recurso de reposición.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadObras Públicas (Vialidad)
Preguntas frecuentes
¿Es admisible un reclamo ante el Consejo para la Transparencia por una disputa de pago con un organismo público?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por transparencia activa porque la disputa de pago con una empresa contratista era ajena a su competencia y no se traducía en entrega de información.
¿Qué infracción configura no entregar información sobre deudas con contratistas según la Ley de Transparencia?
En este caso, el Consejo concluyó que no existía infracción al artículo 7° de la Ley de Transparencia ni al artículo 51 de su Reglamento, pues la controversia sobre sumas adeudadas no constituía una infracción a la transparencia activa.
¿Dónde se debe reclamar por sumas adeudadas por un organismo público a una empresa contratista?
En este caso, el Consejo advirtió que la controversia sobre las sumas adeudadas debía plantearse ante la Inspección del Trabajo o los Tribunales de Justicia, no ante el Consejo para la Transparencia.
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