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La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó un recurso de protección presentado por un ex…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó un recurso de protección presentado por un exfuncionario de Carabineros contra su baja por conducta mala, al concluir que no existió acto u omisión arbitrario o ilegal que vulnerara garantías constitucionales. El recurrente alegaba que la acción disciplinaria estaba prescrita, pero el tribunal determinó que el plazo de cuatro años del artículo 84 ter de la Ley N° 18.961 no se había cumplido, pues el acto administrativo terminal fue dictado y notificado antes de su vencimiento. Asimismo, descartó la aplicación del artículo 84 sexies, incorporado en 2024, porque el acto fue notificado antes de su entrada en vigencia, conforme al principio de irretroactividad del derecho administrativo sancionador. Por ello, rechazó el recurso sin costas.

Normas citadas

  • Resolución N° 75 de 2023
  • Ley N° 18.961
  • Resolución N° 2 de 2024
  • Resolución Exenta N° 387
  • Resolución Exenta N° 75
  • Código Penal
  • Resolución N° 6 de 2019
  • Artículo 318 del Código Penal
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Preguntas frecuentes

¿Se puede reclamar por protección una baja de Carabineros si se alega prescripción de la acción disciplinaria?

En este caso, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de protección porque el plazo de cuatro años del artículo 84 ter de la Ley N° 18.961 no se había cumplido: el acto administrativo terminal fue dictado y notificado antes de su vencimiento.

¿Se aplica el artículo 84 sexies de la Ley N° 18.961 a un procedimiento disciplinario notificado antes de su vigencia?

En este caso, la Corte descartó aplicar el artículo 84 sexies, incorporado en 2024, porque el acto fue notificado antes de su entrada en vigencia, conforme al principio de irretroactividad del derecho administrativo sancionador.

¿Es arbitraria o ilegal la baja por conducta mala de un funcionario de Carabineros si se respetó el plazo de prescripción?

En este caso, la Corte concluyó que no existió acto u omisión arbitrario o ilegal que vulnerara garantías constitucionales, por lo que rechazó el recurso de protección sin costas.

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