El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por supuesta infracción…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por supuesta infracción a las normas de transparencia activa presentado contra la Municipalidad de Providencia. La parte reclamante cuestionaba construcciones autorizadas por el municipio, pero no denunciaba la falta de publicación de la información que los artículos 7º de la Ley 20.285 y 51 de su Reglamento exigen mantener en los sitios electrónicos de los órganos de la Administración del Estado. Por ello, el Consejo concluyó que no existía infracción y que el reclamo carecía de un elemento habilitante para su interposición. La decisión fue adoptada por unanimidad y procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, no así recurso de reposición.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 18.575
Ley N° 19.880
D.S. N° 13
D.F.L. N° 1
Artículo 59 de la Ley N° 19.880
reclamoDecisión de inadmisibilidad
Preguntas frecuentes
¿Se puede reclamar ante el Consejo para la Transparencia por construcciones autorizadas por una municipalidad si no se denuncia falta de transparencia activa?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el reclamo porque la parte reclamante cuestionaba construcciones autorizadas por el municipio, pero no denunciaba la falta de publicación de la información de transparencia activa que exige la Ley 20.285. Por eso no existía infracción ni elemento habilitante para reclamar.
¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un reclamo de transparencia activa?
En este caso, el Consejo resolvió que procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, y no el recurso de reposición. La decisión fue adoptada por unanimidad.
¿Qué debe denunciarse para que proceda un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa contra un órgano de la Administración del Estado?
En este caso, el Consejo sostuvo que el reclamo debe fundarse en la falta de publicación de la información que los artículos 7º de la Ley 20.285 y 51 de su Reglamento exigen mantener en los sitios electrónicos de los órganos públicos. Como el reclamante no lo denunció, el Consejo concluyó que no existía infracción.
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