Resumen
La imposibilidad de apelar las sanciones disciplinarias aplicadas a funcionarios a contrata de establecimientos públicos de salud autogestionados en red, conforme al criterio sostenido por la Contraloría General de la República y ratificado por la Corte Suprema, plantea interrogantes respecto de las garantías que deben regir los procedimientos administrativos disciplinarios. El autor sostiene que esta interpretación podría afectar la igualdad ante la ley, el principio de doble instancia y el derecho a recurrir, por lo que plantea revisar dicha jurisprudencia a la luz del debido proceso y de lo