Resumen
El tribunal descartó una omisión ilegal o arbitraria de la Municipalidad, al constatar que fiscalizó las obras, ordenó su paralización, rechazó solicitudes de regularización y tramitó los recursos respectivos. Añadió que el recurso de protección no es la vía idónea para obtener la ejecución forzada de un decreto de demolición, sin perjuicio de las facultades municipales para continuar el procedimiento.