Resumen del criterio jurisprudencial
La recurrente interpuso un recurso de protección en contra de AFP Provida por rechazar su solicitud de retiro de fondos previsionales para trabajadores extranjeros, bajo la Ley N°18.156. La AFP argumentó que la documentación presentada, específicamente una constancia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no cumplía con los requisitos de legalización o apostilla exigidos por la normativa y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones. La Corte de Apelaciones rechazó el recurso y la Corte Suprema confirmó dicha sentencia. El tribunal consideró que la decisión de la AFP no fue ilegal ni arbitraria, sino que se basó en el incumplimiento de los presupuestos legales por parte del afiliado. Se destacó que, pese a las dificultades diplomáticas con Venezuela, el trámite de apostilla no resulta imposible, existiendo vías alternativas. En consecuencia, se desestimó la acción constitucional.