En un procedimiento de liquidación concursal voluntaria seguido ante el Segundo Juzgado…
Sentencia · Corte Suprema · 2023
Resumen
En un procedimiento de liquidación concursal voluntaria seguido ante el Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo, el Banco Scotiabank pidió excluir de la liquidación un crédito con aval del Estado otorgado conforme a la Ley N°20.027 para estudiantes de educación superior. El tribunal de primera instancia rechazó la exclusión y la Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó esa decisión. El banco recurrió de casación en el fondo alegando errónea interpretación del artículo 8 de la Ley N°20.720. La Corte Suprema acogió el recurso, invalidó la sentencia de apelaciones y concluyó que, por el carácter especial de la Ley N°20.027 frente a la normativa general de insolvencia, el crédito con garantía estatal debe excluirse del procedimiento concursal, al haberse incurrido en error de derecho con influencia sustancial en lo dispositivo.
Normas citadas
Artículo 8, Ley N°20.720
Artículo 115 y siguientes, Ley N°20.720
Ley N°20.027
Artículo 4, Código Civil
Artículo 13, Código Civil
Artículo 764, Código de Procedimiento Civil
Artículo 767, Código de Procedimiento Civil
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Preguntas frecuentes
¿Procede excluir de una liquidación concursal voluntaria un crédito con aval del Estado otorgado bajo la Ley N°20.027?
En este caso, la Corte Suprema acogió el recurso de casación del banco y concluyó que el crédito con garantía estatal de la Ley N°20.027 debe excluirse de la liquidación, por el carácter especial de esa ley frente a la normativa general de insolvencia.
¿Cómo se interpreta el artículo 8 de la Ley N°20.720 frente a créditos con garantía estatal para estudiantes?
En este caso, el banco alegó errónea interpretación de ese artículo y la Corte Suprema estimó que hubo error de derecho con influencia sustancial en lo dispositivo, invalidando la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel.
¿Qué efecto tiene la Ley N°20.027 sobre los procedimientos de liquidación concursal?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que, por ser una ley especial, la Ley N°20.027 prevalece sobre la normativa general de insolvencia, de modo que el crédito garantizado por el Estado queda fuera del procedimiento concursal.
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