Resumen del criterio jurisprudencial
María del Pilar Rivas Muñoz interpone Acción de Protección de Garantías Constitucionales en contra del Gobierno Regional del Biobío por el término anticipado e ilegal de su contrata de funcionaria pública. La demandante había sido contratada como consultora a honorarios desde agosto de 2022, continuando ininterrumpidamente bajo distintas modalidades contractuales hasta febrero de 2025, con calificaciones de 100 puntos. El Gobierno Regional terminó su contrata mediante Resolución Exenta N° 810/ de 14 de febrero de 2025, argumentando el carácter transitorio de la contratación y la cláusula de necesidad de servicios. La Corte de Apelaciones acoge la acción, declarando ilegal y arbitrario el término anticipado de la contrata. Se ordena la reincorporación de la funcionaria en sus funciones conforme a la prórroga de contrata de noviembre de 2024 y el pago de todas las remuneraciones desde el 14 de febrero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025.