Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón de la resolución 45, de 2012, del Servicio Nacional para la P.R.C.D.A., que aprobó un convenio con el Servicio de Salud Metropolitano Norte para la compra de meses de planes de tratamiento destinados a adolescentes infractores de ley con consumo problemático de drogas, alcohol y otras sustancias, durante el año 2012. El organismo declaró el acto ajustado a derecho, pero con dos alcances: la referencia a la cláusula quinta, contenida en la cláusula décima del convenio y en la transcripción del acto, debe entenderse hecha a la cláusula sexta, que regula la vigencia del contrato; y, por el contexto de la cláusula octava, la palabra "infractor" debe leerse como "inflactor", esto es, el mecanismo de actualización del valor de las prestaciones de la modalidad institucional de Fonasa, usado como referencia para fijar el precio mensual.