Resumen del criterio jurisprudencial
El 16 de septiembre de 2026 la Corte Suprema, a través de su Tercera Sala, resolvió una acción de protección interpuesta por Esther Socarras Navarro contra el Servicio Nacional de Migraciones por la omisión de pronunciarse sobre su solicitud de nacionalización. La Corte constató que la autoridad administrativa incumplió los principios de celeridad, conclusividad, economía procedimental e inexcusabilidad establecidos en la Ley N° 19.880. Dicha dilación vulneró la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución. En consecuencia, se revocó la sentencia apelada y se acogió el recurso de protección, ordenando al Servicio Nacional de Migraciones emitir una resolución dentro de sesenta días corridos. La decisión se adoptó con voto mayoritario, pero contó con una disidencia del Ministro Gonzalo Ruz, quien abogó por confirmar el fallo en alzada.