Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota y ordenó la entrega de los antecedentes vinculados a una funcionaria pública. La decisión se fundó en que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, obligación de rango constitucional que exige transparentar las actuaciones de los funcionarios de la Administración del Estado. El Consejo no advirtió de qué forma la divulgación de las hojas de vida, aplicando el principio de divisibilidad, pudiera afectar de manera presente o probable y con suficiente especificidad los derechos de los funcionarios. Se fijó un plazo para la entrega, con el apercibimiento de la sanción del artículo 46 de la Ley de Transparencia, y se contempló la posibilidad de reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.