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La Contraloría General de la República se pronunció sobre si un funcionario designado a…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2011

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre si un funcionario designado a contrata en la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, beneficiado con la Beca Presidente de la República, mantiene derecho a conservar su grado durante el período de la beca. El dictamen recuerda que el D.F.L. N° 1, de 1999, en su artículo 8°, garantiza la propiedad del cargo a los beneficiarios de planta o escalafón, pero que la jurisprudencia administrativa ha establecido que esa protección no alcanza a los servidores contratados, pues no tienen la propiedad de sus cargos. Concluyó que la autoridad podía recontratar al recurrente en un grado 6 de la planta profesional durante la beca, sin incurrir en arbitrariedad, ya que modificar funciones, grados o remuneraciones al renovar la contratación es una facultad administrativa cuyo mérito no corresponde ponderar al organismo contralor.

Normas citadas

  • ley 19595 art/27
  • DFL 1/99 mideplan art/8
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Un funcionario a contrata que obtiene una beca presidencial conserva su grado durante la beca?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que no, pues la garantía de propiedad del cargo del artículo 8° del D.F.L. N° 1, de 1999, solo alcanza a los beneficiarios de planta o escalafón y no a los contratados. Por eso la autoridad podía recontratarlo en un grado inferior durante la beca.

¿Puede la Administración cambiar el grado o las funciones de un funcionario a contrata al renovar su contratación?

Según este dictamen, sí: modificar funciones, grados o remuneraciones al renovar la contratación es una facultad administrativa, y el organismo contralor no debe ponderar su mérito. En este caso no se consideró arbitraria la recontratación en un grado 6 de la planta profesional.

¿Cuándo una recontratación a contrata puede considerarse arbitraria?

En este caso, la Contraloría sostuvo que la recontratación no fue arbitraria porque el funcionario no tenía la propiedad de su cargo y la modificación de grado es una facultad administrativa. El dictamen no desarrolla otros criterios para calificar una recontratación como arbitraria.

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