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La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó, sin costas, un recurso de protección int…

Sentencia · Corte Suprema · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó, sin costas, un recurso de protección interpuesto por dos visitantes en contra de la suspensión de su ingreso al C.P.B. por el plazo de un año, dispuesta mediante resolución interna de Gendarmería de Chile. Los recurrentes sostenían que la administración penitenciaria carecía de competencia legal para sancionar a visitantes y que la medida vulneraba derechos fundamentales. El tribunal descartó ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la jefatura del establecimiento, pues ésta actuó en ejercicio de las facultades que el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios confiere para limitar o suspender temporalmente las visitas por razones de seguridad o mala conducta. Al descartar esos vicios, la Corte estimó innecesario analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales.

Normas citadas

  • Constitución Política de la República
  • Normativa penitenciaria
  • Resolución Interna N° 46-2025 de Gendarmería
  • Auto Acordado (numeral 14)
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Preguntas frecuentes

¿Puede Gendarmería suspender el ingreso de visitas a un centro penitenciario por un año?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de protección y concluyó que la jefatura del establecimiento actuó en ejercicio de las facultades que el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios le confiere para limitar o suspender temporalmente las visitas por razones de seguridad o mala conducta.

¿Tiene Gendarmería competencia legal para sancionar a visitantes de un recinto penitenciario?

En este caso, el tribunal descartó que la administración penitenciaria careciera de competencia, porque la medida se adoptó dentro de las atribuciones reglamentarias de la jefatura del establecimiento, sin ilegalidad ni arbitrariedad.

¿Se puede recurrir de protección contra la suspensión de visitas en una cárcel por supuestas vulneraciones de derechos fundamentales?

En este caso, el recurso de protección fue rechazado y la Corte no analizó la eventual vulneración de garantías constitucionales, por estimarlo innecesario al descartar previamente la ilegalidad o arbitrariedad de la medida.

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